MARCO ACTUAL DEL PATRIMONIO EN MADRID

MADRID Y PATRIMONIO; HACIA UNA RECUPERACION SOSTENIBLE 

MESA 2 (30-06-2015)

“Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poco, es la única manera de probar que la realidad es transformable” E. Galeano.

El ciclo y la mesa redonda persiguen la idea de mejorar las presentes condiciones para hacer viable la recuperación sostenible del patrimonio cultural edificado de Madrid.

Poner el foco sobre todos aquellos aspectos que inciden en su viabilidad, es el medio para detectar sus disfunciones y el primer paso para formular un diagnóstico completo sobre su situación y sobre las transformaciones y/o mejoras realizar.

Vivimos tiempos de cambio, lo que significa tiempo de oportunidad y de esperanza; tiempo de concertación y consenso, absolutamente necesarios para un conjunto de edificios meritorios que desde largo tiempo permanecen vacíos, cerrados, en un precario estado de conservación que es antesala de la ruina y sin destino a viable a la vista. Eso que he dado en llamar el “patrimonio varado”.

La mesa, integrada por los invitados; José María Ezquiaga, Antón Capitel, Mercedes Díez y Francisco Bengoetxea; ha debatido sobre los bloques temáticos enunciados con los siguientes comentarios, de los que personalmente deduzco como resumen algunas conclusiones.

Marco legal

La Ley de Patrimonio Histórico Español 1985 -de la que Antón Capitel ha sido ponente- tiene como objeto y destino la protección de los monumentos y conjuntos históricos exclusivamente. A los Ayuntamientos corresponde la competencia sobre el resto de inmuebles de mayor o menor interés, cuya protección debe articularse sobre un Catálogo previo que los recoja, identifique y establezca su clasificación, niveles de protección y obras autorizadas.

El casco antiguo comprendido en la cerca de Felipe II tiene declaración BIC y su correspondiente Plan Especial se considera incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997; atribuyendo a la CIPAHM el control riguroso de todo el patrimonio cultural edificado incluido en el Catálogo de dicho PGOUM-97.

Roca Madrid Gallery

Aquellos edificios notables con declaración BIC quedan “congelados”, en tanto no se tramite para los mismos un Plan Especial; por lo que cualquier obra que para los mismos se proponga, quedaría condicionada a la supervisión y autorización de la Comisión Regional de Patrimonio. Tras la aprobación del Plan Especial, el otorgamiento de la Licencia de Obras corresponde a las competencias municipales.

Las Leyes de Patrimonio de las comunidades autónomas son copia con variaciones de la Ley estatal de 1985, pero dejan importantes lagunas con edificios fuera de catálogo y sometidos a un peligroso criterio discrecional, -en ocasiones arbitrario- que genera agravios comparativos con “protecciones y desprotecciones a la carta”, donde algunas propuestas especialmente patrocinadas prosperan, en tanto que otras –perfectamente argumentadas y razonables- son rechazadas.

CONCLUSION: Debe revisarse el catálogo y sus niveles de protección

 

Los órganos administrativos y la gestión

Es razonable que la norma reguladora sea genérica y no excesivamente precisa y detallada, para que no resulte un corsé demasiado estrecho que dificulte el análisis personalizado, contextualizado e individual del edificio de que se trate. El problema surge en el difícil equilibrio entre esa norma que no excesivamente restrictiva y los bien fundamentados criterios de unos órganos administrativos de protección y control que deben estar formados por verdaderos expertos y los funcionarios que correspondan, además de una deseable representación de la sociedad civil para su mayor transparencia. Hay que desterrar cualquier arbitrariedad en las decisiones colegiadas de las Comisiones de Patrimonio por vía de la transparencia y la reivindicación de una responsabilidad, que frecuente y lamentablemente se diluye en ese contexto opaco, en el que los debates entre dos partes (administración y promotor) no trascienden a la ciudadanía o a un debate más amplio en el que puedan exponerse otras visiones y enfoques.

CONCLUSION: Deben mejorarse las dotaciones y composición de las Comisiones de Patrimonio y cualesquiera órganos administrativos de control y protección; a fin de que operen con criterios verdaderamente expertos, fundados y contrastables, mejorando sus recursos humanos para una mayor eficiencia en su gestión de los asuntos de trámite que deberá ser mucho más ágil.

Criterios sobre la protección y conservación

En este contexto normativo de discrecionalidad reglada; se produce una gran inseguridad jurídica que retrae la iniciativa inmobiliaria y acaba por judicializar los emprendimientos; como consecuencia de procesos de largo recorrido y decisiones a veces incoherentes que propician o legitiman clamorosos disparates.

Por ello y en este momento, económicamente emergente y desde la mirada introspectiva hacia la ciudad consolidada, resulta fundamental una normativa clara y única que regule los aspectos generales, con unos servicios administrativos eficaces y verdaderamente expertos, que faciliten la actividad de los operadores inmobiliarios en vez de disuadirlos; pues no hay que olvidar que todo el proceso se inicia en ellos y con su legítimo derecho al margen de retorno de su inversión.

Roca Madrid Galler

La presión inmobiliaria sobre el centro de la ciudad y sus edificios antiguos es un signo de la deseable recuperación económica y el afortunado regreso a la actividad que debe ser canalizada por una administración pública con criterios solventes y bien gestionados.

El paradigma del turismo, aun siendo una actividad económica fundamental no exenta de riesgos para la ciudad (masificación de visitas, terciarización, etc); representa para Madrid un reto de extraordinaria potencialidad en una orientación cultural, con las posibilidades que ofrece su amplia infraestructura museística –entre otros atractivos, como el de reunir en un radio de 80 Km. enclaves tan importantes como Toledo, El Escorial o La Granja de San Ildefonso.

Corresponde a los órganos administrativos la imprescindible expertización, capacidad y solvencia para acoger y analizar las buenas propuestas, rechazando aquellas iniciativas que desvirtúen los valores del edificio preexistente y muy especialmente proscribir la taxidermia que frecuentemente autoriza el vaciado de los edificios para mantener una fachada que poco o nada tiene que ver con el nuevo interior. En esos casos resulta preferible generar un debate abierto que ponga en cuestión otras estrategias, entre las que puede encontrarse la demolición completa del edificio preexistente, en beneficio de buenas propuestas contemporáneas que hagan posible la regeneración de la ciudad como organismo vivo.

La ausencia de un verdadero y fundado Criterio público sobre la ciudad y su más deseable destino, está en el origen de otras ausencias y genera un clima de incertidumbre poco favorable. Unas reglas claras para la regeneración de barrios y su caserío, sería suficiente para la recuperación de una actividad muy positiva para la ciudad y sus habitantes.

CONCLUSIONES: normativa clara y genérica para su aplicación por unos servicios administrativos verdaderamente expertos, capaces de interpretar la misma con criterios coherentes y sólidamente argumentados; desde un análisis del patrimonio edificado debidamente individualizado y contextualizado.

 

Sociología urbana y patrimonio

Casos como los del barrio de las Letras, Malasaña y Chueca ponen en evidencia la capacidad de los particulares para el impulso y regeneración de áreas antes degradadas, con una transformación sorprendente de las mismas pese a las escasas herramientas para ello.

El proceso de inversiones necesarias para su actualización y revitalización, tiende a desplazar a los habitantes de rentas más bajas, por lo que una oferta pública de alquileres puede ser un modo de evitar su lanzamiento hacia sectores de la periferia; manteniendo la cohesión social.

 



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